RECOMENDACIONES (MANDATOS)
DE LOS CUERPOS FISCALIZADORES DE LOS TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS
ACTUALIZACIONES 2015 DE JURISPRUDENCIA SOBRE ESTÁNDARES
DE SALUD Y CUIDADO MATERNO, ABORTO Y ANTICONCEPCIÓN
CENTRO DE DERECHOS
RPRODUCTIVOS
Los Cuerpos fiscalizadores son:
CRC = Comité sobre los Derechos del Niño
Comité de la CEDAW
ESCR = Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Comité de Derechos Humanos
CAT = Comité contra la Tortura
(Panamá es signataria de todos estos tratados.)
***El término “mujer” incluye mujeres
y niñas, salvo que se especifique lo contrario.
INTRODUCCIÓN
Los derechos reproductivos son esenciales para la
realización de todos los derechos humanos, y comprenden una amplia gama de
derechos civiles, políticos, económicos y sociales, como son que las mujeres y
niñas tengan derecho a:
- Equidad
- No discriminación
- Privacidad
- Información
- Estar libres de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes
- Acceso a información y servicios de salud reproductiva
- Resultados positivos en cuanto a reducción de la tasa de mortalidad materna, tomar decisiones informadas libres de violencia, discriminación y coerción acerca de su sexualidad y reproducción.
AUTONOMÍA Y DERECHOS
REPRODUCTIVOS
- El derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. (Art. 16 de la CEDAW.)
- Derecho a la Privacidad (confidencialidad). (Art. 17 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que según el Comité de Derechos Humanos es parte importante para asegurar la protección de las decisiones reproductivas de las mujeres y niñas.
- Derecho a estar libre de barreras a su autonomía, tales como:
- Requisitos de autorización de terceras personas para tomar decisiones de servicios de salud reproductiva, como cónyuges, jueces, padres o madres, tutores o autoridades de salud. Se considera que esta es una forma de discriminación en contra de las mujeres y son barreras a su acceso a los servicios públicos de salud reproductiva.
- La Objeción de conciencia no regulada. La objeción de conciencia es una práctica PERSONAL, no INSTITUCIONAL. Se debe regular adecuadamente para que no limite el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva. Debe crearse un mecanismo expedito y sistemático para referirlas a otro profesional de la salud.
- Violencia y Coerción: Se considera que negarle autonomía reproductiva a mujeres y niñas es violencia. Esto incluye lo siguiente:
- Aborto forzado, esterilización forzada, pruebas de embarazo o de enfermedades de transmisión sexual como requisitos.
- Prácticas tradicionales dañinas, como matrimonios infantiles, tempranos o forzados, mutilación, etc.
- Restricciones al acceso a la información. La educación sexual integral debe ser obligatoria como parte de currículo educativo.
EL DERECHO A RECIBIR
CUIDADOS DE SALUD MATERNA
Para prevenir la mortalidad materna los Estados parte
deben tomar medidas positivas para garantizar servicios de salud materna disponibles, accesibles, aceptables y de buena calidad.
Los servicios deben prestarse respetando la dignidad de
las mujeres y niñas con sensibilidad respecto a las necesidades, diferencias y
perspectivas de las mujeres, ya que se reconoce que las actitudes negativas de
los prestadores de servicios de salud para con las mujeres pueden desanimarlas
a acudir a los centros de salud.
Según los Comités, las altas tasas de mortalidad materna
están íntimamente relacionadas con insuficientes servicios de salud
reproductiva, leyes restrictivas del aborto, abortos inseguros o ilegales,
embarazos de adolescentes, matrimonios de niñas y matrimonios forzados y acceso
inadecuado a los anticonceptivos.
Los grupos más vulnerables son las adolescentes, las
discapacitadas, mujeres pobres y que pertenecen a minorías, mujeres rurales, y
privadas de libertad, a las que se les esposa a las camas durante la labor de
parto y el parto. Las complicaciones del
embarazo son la primera cause de muerte de niñas adolescentes de 15 a 19 años
en los países en desarrollo. Los Estados
deben asegurar la autonomía y las decisiones informadas sobre su salud
reproductiva de las adolescentes, para prevenir la mortalidad materna y han
condenado la expulsión de adolescentes embarazadas de las escuelas. Deben poder continuar su educación.
Recomendaciones:
- Atacar las causas raíces de la mortalidad y morbilidad materna.
- Invertir ampliamente en servicios esenciales para la salud materna, como agua limpia y alimentos nutritivos, respeto del personal y medicinas.
- Establecer políticas de no discriminación en los hospitales y clínicas, sancionando violaciones de los derechos y asegurando los resultados deseados.
DERECHO A LA
INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE ANTICONCEPTIVOS
Recomendaciones:
- Mandato a los Estados de asegurar el derecho a la información sobre anticonceptivos y servicios.
- La información y servicios de anticonceptivos es esencial para la equidad de género por el impacto en la vida de mujeres y niñas.
- Continuar condenando las violaciones a la autonomía de las mujeres en cuando a información y educación sexual, y restricciones como requisitos de autorización de terceras personas, limitar el acceso a los anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia, violación a su privacidad, igualdad y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos.
DERECHO A INFORMACIÓN
Y SERVICIOS SOBRE EL ABORTO SEGURO
- Las leyes que restringen el aborto violan varios derechos humanos, a saber, a la salud, vida, privacidad, no discriminación y a no ser estereotipadas
- Como mínimo, las mujeres deben tener derecho al aborto terapéutico si su vida está en peligro, pero se recomienda despenalizarlo en casos de violación, incesto, anomalías severas o fatales del feto y condiciones de salud mental, ya que se considera que la penalización de estos servicios es una forma de discriminación y una violación de los derechos a la salud, vida, y a estar libre de torturas y tratos crueles.
- El Comité CRC (Derechos del Niño) establece que los Estados deben asegurarse que las adolescentes tengan acceso al aborto, aunque no sea legal. El Comité CAT (Contra la Tortura) reconoce que negar el acceso al aborto en varias circunstancias viola la obligación del Estado de proteger a las mujeres y niñas de la tortura y el maltrato.
- Se insta a los Estados a liberalizar sus leyes sobre el aborto para aumentar el acceso al mismo.
- Los Estados deben eliminar los periodos innecesarios de espera para tener acceso a servicios de aborto y eliminar el permiso de los padres para el aborto de adolescentes; las opiniones de la adolescente deben ser oídas y respetadas. Se recomienda la eliminación del permiso del cónyuge para abortar.
- La objeción de conciencia debe ser personal, pero no se debe permitir institucionalmente.
RECOMENDACIONES:
- Los Estados deben incorporar los estándares establecidos por las Guías de Aborto Seguro de la Organización Mundial de la Salud.
- Eliminar barreras procedimentales para recibir los servicios de aborto.
- Menos restricción legal del aborto, respeto a la autonomía de mujeres y niñas.
- Medidas positivas como campañas informativas, combate a los estereotipos de género y leyes y políticas discriminatorias sobre el aborto.
- Eliminar requisitos de autorización de terceras personas para abortar.
- Regular la objeción de conciencia para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad y permitirles ejercer su autonomía reproductiva.
Latinoamérica:
La desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie
Ciudad de México,
febrero (SEMlac).- Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar
el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América
Latina y Caribe, no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la
desigualdad y el machismo siguen en pie.
Lo más sorprendente
es que se han cambiado leyes, hay programas y políticas públicas, avances en
los derechos sexuales y reproductivos, pero el tema más atrasado es el que se
refiere a la mujer y los medios de comunicación. Por eso es lento el cambio
de actitudes y la necesaria revolución cultural.
Así lo da a conocer
el informe "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos
estratégicos y esferas de preocupación", realizado por el Comité de
ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la Fundación para el
Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), FEIM, Mabel Bianco.
El documento que se
distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Mujeres
(marzo 9-19) en Nueva Cork y contó con aportes de casi 100 organizaciones
feministas y de mujeres en la región.
El texto explica que la
esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos de América Latina y
el Caribe es "La mujer y los medios de difusión", ya que ellas
no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en
los medios. Además, la difusión de contenidos estereotipados sigue predominando
fuertemente en la región. El informe señala que "en tanto los Estados
sean indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región no
podrá eliminarse".
La esfera de "la
niña" tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos
en adolescentes y el abuso sexual infantil son constantes en la región y no
hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además, en algunos países
latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a 18 años, cuando
el Comité de los Derechos del Niño plantea esa edad.
En relación con
"la mujer y la salud", persisten grandes problemas de
acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas,
afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes
y las que viven con VIH.
Varios países han
implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud
reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una
cobertura integral y homogénea al interior de cada país.
La mortalidad materna
no ha disminuido,
según las metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En
Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa continúa alta. En la mayoría de las
naciones no disminuyó ni logró reducirse en dos tercios, como era el propósito
para 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que
Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla.
Las restricciones
al acceso al aborto permitido por la ley continúan e incluso en algunos países
se restringió más el acceso al aborto. En Chile, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida en
todas las circunstancias.
En
México, en muchas de las entidades federativas, hubo cambios desfavorables
después de la legalización en el Distrito Federal en 2007. En algunos países se
eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y Ecuador.
El éxito más
importante en la región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco legal,
amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó
servicios legales de aborto en el sistema nacional integrado de salud. Puerto
Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los únicos países de la
región donde el aborto está legalizado en todas las circunstancias.
Adicionalmente, han
aumento los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas representan
el 31 por ciento de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe
asciende a 53 por ciento.
La "violencia
contra mujeres y niñas" persiste como un problema en aumento. La mayoría de los
países tiene legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Sin
embargo, muchas de las definiciones sobre violencia que establecen no
concuerdan con la Convención de Belem do Pará, que define violencia contra
la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
La tipificación y
homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese a que América Latina
es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia,
tanto en el ámbito rural como en el urbano.
En Centroamérica y
México el feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos
en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan solo en El
Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se
contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades
del país, entre 2007 y 2008.
El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La trata con fines de
explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana se estima que en
los últimos 20 años se han traficado más de 70.000 mujeres.
En cuanto a la
esfera de "mujer y pobreza", si bien ha disminuido en los países de
la región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral
de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos precarios,
mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un gran predominio en
el trabajo doméstico. La brecha salarial entre mujeres y hombres persiste.
El documento asegura
que, en ningún caso, se advierte una preocupación explícita por la dimensión
e impactos de género de las medidas adoptadas y la feminización de la pobreza
sigue creciendo.
Según cifras de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la pobreza se
incrementó en los hogares con jefas mujeres: 43 por ciento de los hogares
indigentes y 38 por ciento de los hogares pobres en América Latina están a
cargo de una mujer.
El reto es
instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica
de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de la distribución
desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de cuidado.
Respecto a
"educación y capacitación de la mujer" en zonas urbanas y
rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la
educación primaria, excepto en Uruguay en las zonas rurales. Hacia 2010, en
República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas
persistían disparidades de género significativas en relación con la menor
escolarización primaria de las mujeres.
Si bien se han
reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una de
las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las sociedades.
Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo según género.
Sobre educación
terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan
datos de los últimos cuatro años sobre la terminación del ciclo superior. En
estos tres países las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel terciario.
En cuanto al tema
"mujer y conflictos armados", hay que recordar que en América
Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de género,
amplificando su impacto diferenciado en la mujer y recrudeciendo su situación
de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra también ha
estado presente en la región, particularmente contra mujeres indígenas.
Además, el contexto
regional de inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la
protección e impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares,
aumentó la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, que corren el
riesgo de sufrir amenazas y ataques violentos.
En México, la lucha
contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha
generado desplazamientos internos que las afectan de manera particular.
"La mujer y la
economía" es otra esfera de preocupación. En la última década, las mujeres elevaron
su participación laboral, pero persisten las brechas de género estructurales en
el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor. El trabajo de
las mujeres aún se concentra en los servicios y el comercio y tienen los
menores niveles de productividad, ingresos y protección social.
En materia de
servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular
de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y
Ecuador.
Respecto a "la
mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones", la
participación femenina en la vida política y en el acceso a los cargos públicos
ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En el caso de los
poderes legislativos, se observa un avance notable en su participación
política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la
plena implementación del cupo, debido a diversas barreras culturales,
sociopolíticas y regulatorias.
Este principio fue
incorporado en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador (2008), en el
Código Electoral de Costa Rica (2009) y en la Constitución de México (2014),
donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales
estatales.
En lo que se refiere
a los "mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer",
la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos
mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para
incidir en políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan
con poco presupuesto para funcionar adecuadamente.
Los avances en la
región respecto a "los derechos humanos de la mujer" no se traducen
en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y el
Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención de Belém do Pará.
Pero los mecanismos
de implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los
avances más notables han sido, sobre todo, las leyes integrales de violencia
contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o extrajudiciales.
La situación de
las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres son más
propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte, especialmente en
Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú.
Finalmente, en lo que
se refiere a la esfera "la mujer y el medio ambiente" el
informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del
agua, la perspectiva de género sigue ausente de las legislaciones, las
políticas públicas y los programas relacionados con los recursos hídricos.
En pocos países de la
región se han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los
que la transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa
Rica, Uruguay y México.
Este informe refleja
lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá
en recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW
en marzo de 2015. Allí, además de los problemas visibilizados en Beijing en
1995, se agregarán otros que urge considerar de cara a la agenda de desarrollo
posterior a 2015
FUENTE; www.redsemlac-cuba.net
