Por: Haydée Méndez Illueca, Ph.D.
En los últimos años ha
habido un alarmante aumento de violencia masculina en contra de las mujeres, de
todas las edades y niveles económicos, pero sobre todo de femicidios de mujeres
entre los 21 y 30 años, la mayoría de las cuales dejan huérfanos menores de
edad. La violencia contra las mujeres es
un problema mundial de salud pública que ha tenido un incremento cuantitativo, acompañado
de un alto índice de impunidad, mayor ensañamiento y crueldad y nuevas formas
novedosas en su forma de realización y consecuencias. En reconocimiento de este problema, el
Secretario General de las Naciones Unidas ha lanzado la campaña global “Únete para poner fin a la violencia contra
las mujeres” en febrero del 2008, que se extiende hasta 2015. En América Latina la campaña se puso en
marcha en el año 2009 y sus tres pilares son:
Alto a la impunidad; Ni una más; y La responsabilidad es de todas y todos.
La violencia masculina
contra la mujer cambia continuamente, porque refleja el contexto social en que
se da, por lo que los Estados deben estar al día en la legislación y políticas
públicas para enfrentar estas nuevas formas de violencia a medida que van
surgiendo. América Latina y sobre todo
Centroamérica, es una de las regiones más violentas. Según informe de UNDOC, 14 países de la
región se encuentran entre los 25 países con mayor tasa de femicidio en el
mundo. El Salvador está en primer lugar,
Guatemala en el tercero y Honduras en el séptimo.
En Centroamérica la mitad de
las muertes de mujeres se produce por violencia, casi siempre por el compañero. El femicidio es algo común. Dos de cada tres mujeres asesinadas mueren
por cuestiones de género y cada vez con más crueldad. El 80% de las víctimas de trata son mujeres y
generalmente las redes quedan impunes.
En los casos de mujeres y niñas desaparecidas, no hay una investigación
pronta y expedita. Las autoridades
inician las investigaciones 72 horas después de que hayan desaparecido, a pesar
de que se sabe que las primeras horas son fundamentales. Las desapariciones generalmente desembocan en
tortura, violación, trata y femicidio.
Ni los tratados, ni los sistemas de justicia, ni las leyes, van al ritmo
de los grupos delincuenciales, que cada día actualizan su forma de operar.
En Panamá estamos atrasados en cuanto al cumplimiento de
nuestras obligaciones establecidas en la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana
Belen Do Pará. Es necesario incorporar
como parte de los elementos subjetivos del tipo penal el tema de la misoginia y
del ejercicio del poder patriarcal. Desde
el 2009 las organizaciones panameñas de mujeres venimos luchando, no solo por
la tipificación del femicidio como figura penal autónoma, sino por una ley
integral contra la violencia, la cual se da en muchas formas y que en última
instancia puede llegar al Femicidio, la consecuencia final y
más grave de un uso continuado de la discriminación y la violencia hacia
mujeres y niñas”.
Esta ley ha sido presentada a la Asamblea Nacional por
varios diputados de diferentes partidos, ha sido prohijada en 2013 y por
primera vez ha recibido el apoyo de la actual Procuradora General de la
República, Ana Belfon. No obstante,
todavía no ha sido debatida. Y es que
hay resistencia a reconocer el femicidio, que es la situación estructural más
grave que padece la sociedad. Se le da
mucho más importancia a los asesinatos por terrorismo en el mundo y en España,
que a los femicidios: en el planeta se producen 600 asesinatos por terrorismo
anuales y 5,000 asesinatos por violencia machista; en España, la media anual de
personas asesinadas por ETA es de 17 mientras que las mujeres que mueren al año
por violencia de género supera las 68.
Todos los días y en todas partes las mujeres son
asesinadas. Por sus maridos, sus
parejas, sus ex parejas. También con
relación a la prostitución (que no es más que una forma más de violencia contra
las mujeres), la pornografía, en situaciones de conflicto armado o guerras,
donde la mujer es el botín, en la calle---en fin, todos crímenes por el hecho
de ser mujeres. Y aún quedan numerosas
formas de violencia que en gran medida no están documentadas. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno?
Miguel Lorente lo ha relacionado con el Posmachismo, que ha definido como una
corriente que “defiende las referencias de la desigualdad” y que relaciona la
violencia “con todo lo que es avance”.
Para él el femicidio va a existir donde haya mayor protagonismo y
autonomía de las mujeres y donde exista más impunidad. A medida que aumenta el poder de las mujeres,
éste es contestado colectivamente por los hombres con nuevas formas de
violencia con la finalidad de que las mujeres regresen al ámbito privado y se
olviden de lo público. La violencia contra la mujer es un medio para
perpetuar la subordinación de las mujeres y a la vez una consecuencia de su
subordinación.
El neopatriarcado, como lo llama Teresa Ulloa, Directora de la
Coalición contra la Trata de México, ha hecho alianza con el neoliberalismo en
contra de las mujeres.
La dominación masculina y
subordinación femenina se ha construido socialmente y el rol de mujeres y
hombres se ha ordenado jerárquicamente de tal manera que los hombres ejerzan el
poder y el control. Con el
neopatriarcado ha surgido otra vez la naturalización de las desigualdades, que
confieren derechos sexuales al hombre y la protección de la familia y el hogar,
que se valora como algo sagrado que está por encima de los derechos de la mujer
(familismo).
En nuestra región todavía
tenemos ideologías “macondianas” donde se protege e imponen supuestos valores y
costumbres que encubren un trasfondo patriarcal y de subordinación de la mujer,
como la entrega de niñas para el matrimonio o formación de una familia,
embarazos forzados, la prohibición de trabajo a las mujeres, y la prohibición
de acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. Las tradiciones y los valores religiosos se
utilizan para justificar la violencia contra la mujer. Abundan todavía los crímenes cometidos en
nombre del honor y las penas discriminatorias impuestas en virtud de leyes de
inspiración religiosa y las limitaciones a los derechos de la mujer en el
matrimonio. Las normas jerárquicas de
género tienen raíces en la moral tradicional católica, que define los
diferentes roles de mujeres y hombres. A
las mujeres se les pone de ejemplo la Virgen María, con sus características de
virginidad, pureza sexual y maternidad.
Esto se traduce en responsabilidad por los hijos y el hogar. Las mujeres que cuestionen normas
tradicionales y religiosas sufren daños, estigmas y son condenadas.
Cuando el Estado no sanciona
a los agresores, la impunidad intensifica la subordinación y la impotencia de
las víctimas. El mensaje: agredir a una
mujer es aceptable e inevitable. El
resultado es que el comportamiento violento se normaliza.
La violencia machista no es
causada por la guerra, porque se da en los países en paz. No es causada por el crimen organizado,
porque no es el único autor. No es
causada por el alcohol, porque se da en países donde se prohíbe beber
alcohol. No es causada por la pobreza,
porque se da en países ricos y en países pobres, en familias ricas y familias
pobres. No se debe a la ignorancia,
porque la sufren esposas e hijas de renombrados políticos, presidentes,
diputados, universitarios, ministros, literatos, científicos y profesionales.
Su origen está en el
patriarcado y la dominación masculina y subordinación femenina, que han sido
construidos socialmente. Es necesario
cambiar este paradigma. La respuesta
tiene que ser global y es responsabilidad de todos.
