Publicado por
@Shinji_Harper el Viernes, 20 septiembre 2013
Norma Loto/CIMAC-SEMlac
Norma Loto/CIMAC-SEMlac
Oaxaca, México.- Poner fin a la
impunidad es el objetivo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las
Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio/femicidio),
documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU-Mujeres, junto a personas expertas de América
Latina (AL).
Si bien hay avances en relación con la tipificación de
esos hechos en distintos países de AL, las iniciativas a veces sólo parecen
quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal,
que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.
En medio de este panorama, representantes de 15 países de
Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin
revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de
las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces,
policías, forenses, abogadas, abogados y especialistas de la academia de
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones a
fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano.
En la actualidad se apela al término femicidio para
referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres motivados por
desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas.
En cambio, feminicidio es un término con impronta
política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al
acto de asesinar a una mujer por el sólo hecho de ser mujer, pero con el matiz
político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el
incumplimiento de las convenciones internacionales.
“Se trata de una fractura del Estado de Derecho que
favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de
Estado”, refiere Lagarde.
Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la
concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres.
Según el informe 2012 del Observatorio de Igualdad y
Género de América Latina y el Caribe de la Cepal , en 2011 se registraron mil 139 homicidios
de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.
La representante regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa,
afirmó en un comunicado que la muerte violenta de mujeres por razones de género
pone a millones “de todas las edades en una situación de desasosiego
permanente”, y agregó que “los Estados, las sociedades y el sistema de las
Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno
y contra la impunidad que los rodea”.
Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención
provenientes de instituciones internacionales de Derechos Humanos sobre
deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del
feminicidio/femicidio.
Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos
vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos
en las personas que integran el aparato judicial, demoras en el inicio de las
investigaciones, estancamiento de expedientes, y negligencias e irregularidades
en la obtención de pruebas.
Moni Pizani, directora de ONU-Mujeres para las Américas y
el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo “es un instrumento técnico y
práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía,
directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de
mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones
internacionales suscritas por los Estados”.
“No es un instrumento obligatorio; lo que estamos
buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a
los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese
sentido, ayudará a desterrar algunos vicios”.
“El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que
redundará en la reducción de la impunidad”, aseguró Pizani en diálogo con
SEMlac. Detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y
criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia.
La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y
brindar “una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo
de la investigación, sanción y reparación”, afirmó a SEMlac.
A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los
derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la
justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de
investigación y juicio de los feminicidas/femicidas, detalló.
Entre otros puntos, el Protocolo refiere la importancia
de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al
femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de
familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les
brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a
la información contundente.
Toda la información de contexto son evidencias. “Por eso
debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia,
para que analicen de una forma distinta”, refirió Pizani.
PROCESO EN CONSTRUCCIÓN
Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más
resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del
proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya
tienen tipificado el feminicidio/femicidio.
“Es como una ola que despierta la atención en otros
países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán”, comentó.
Desde 2007, varias naciones de AL han desarrollado un
proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de
género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países.
El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han
creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia
contra las mujeres, en tanto que Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y
México han reformado las normas penales nacionales existentes.
El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación
de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género es parte de las
acciones de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las
mujeres”, del secretario general de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU-Mujeres,
que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertas y expertos para
iniciar el trabajo de redacción.
Poner fin a la impunidad por la violencia contra las
mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del
secretario general de la ONU
“’Poner fin a la violencia contra la mujer”’, de 2006, se refirió así al efecto
que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: “La impunidad por la
violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo
de control de los hombres sobre las mujeres”.
El estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no
responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que “la impunidad
no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la
violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal.”
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