Por: Haydée Méndez Illueca, Abogada
Nuestro país está
en deuda con la salud pública, a pesar de que nuestra legislación en este tema
es de las mejores de América Latina.
Pero las leyes no se cumplen; no se sanciona tampoco a los funcionarios
públicos que no las cumplen; y el resultado es que la ley se convierte en letra
muerta. Los Comités de Seguimiento de
los Organismos Internacionales han indicado una y otra vez esta falta de
cumplimiento de los convenios suscritos por nuestro país (que son ley de la
República), lo que nos impide cumplir con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Entre los más
graves problemas de salud pública de nuestro país está el embarazo precoz. En Panamá una de cada cinco embarazadas es
una adolescente, pero esto es más grave aún en nuestras comarcas indígenas,
donde una de cada tres embarazadas es adolescente. ¿Cuáles son los resultados? Si la madre es menor de 20 años, hay 50% más
de probabilidad de muerte del recién nacido; esto también afecta negativamente
a la niña en cuanto a su educación; en muchos casos provoca abortos inseguros; y
le trunca irreparablemente su proyecto de vida.
La Asamblea
Nacional acaba de prohijar un proyecto de ley de salud pública en un esfuerzo
por reducir estas estadísticas y educar para la prevención. El mismo ha recibido un rechazo rotundo de Monseñor
Ulloa, quien opina que la educación integral en sexualidad es un tema que les
corresponde exclusivamente a los padres de familia y no a la educación pública.
¿Ignora Monseñor
que el 84% de los niños que nacen en Panamá no tienen familia, porque nacen
fuera de una unión estable? La mayoría
son hijos de madres solteras que tienen dos o más trabajos y pasan todo el día
fuera de casa. Los “padres” de la
mayoría de las familias panameñas no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para
educar a sus hijos en sexualidad. Para
ellos el tema es tabú y piensan que si les hablan de sexo a sus hijos, van a
tener relaciones sexuales antes de tiempo, cuando es todo lo contrario. Según una encuesta de CID Gallup, a la
mayoría de los y las adolescentes panameñas ningún pariente adulto les ha
hablado jamás de sexo ni de cómo evitar el contagio de infecciones de
transmisión sexual. Entonces, ¿no le
queda esta responsabilidad a la escuela?
Las adolescentes
no se embarazan solas. El 70% de los
hombres responsables de embarazar a las adolescentes son mayores de 20 años, lo
que nos indica que el embarazo es el resultado de una violación o por lo menos de
una violación estatutaria (estupro), que en la mayoría de los casos queda
impune o lo que es peor, resulta en la transmisión del VIH, lo que nos lleva a
otro grave problema de salud pública, ya que según la OMS, Panamá ocupa el
tercer lugar de Centroamérica con personas infectadas con VIH.
El proyecto de
ley que los fundamentalistas tratan de satanizar (por segunda vez) no contiene
nada nuevo. Todas sus disposiciones ya
están plasmadas en otras leyes. Lo que
se ha hecho es recopilarlas en una sola ley para facilitar su implementación y
la obligatoriedad de su cumplimiento.
Abogar por que no se promulgue esta ley es apología del delito, porque
se está pidiendo que no se cumplan las leyes y que los violadores de niñas
sigan en la impunidad.
La educación integral en sexualidad les da a los jóvenes los conocimientos, aptitudes,
actitudes y valores que necesitan para ver su sexualidad como algo natural y no
como un tabú. Sobre todo, les da información
para disipar mitos; referencias respecto a recursos y servicios a que tienen
derecho; les enseña a identificar y defenderse de abusos sexuales; y a conocer
sus derechos.
Está
comprobado científicamente por varios estudios comparativos que los jóvenes que
reciben educación integral en sexualidad desde temprana edad posponen el inicio
de sus relaciones sexuales; y que las mujeres con mayor escolaridad gozan de
mejor salud y oportunidades, tanto ellas como sus hijas e hijos.
Ni las
autoridades públicas ni la ciudadanía consciente nos podemos dar el lujo de
ignorar estos problemas. La deuda que
tiene el Estado con la salud pública de nuestra población joven es un gran
desafío y genera un círculo vicioso de exclusión educativa y socioeconómica de
miles de niños y niñas, que ven truncado su proyecto de vida o mueren por
ignorancia sobre cómo evitar las enfermedades mortales transmitidas sexualmente.
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